Ocasión perdida para una política exterior de derechos humanos

Amnistía Internacional se ha dirigido hoy por carta urgente
al presidente José Luis Rodríguez Zapatero para expresarle la
preocupación de la organización en relación con la política exterior
española hacia Colombia. Durante la reciente visita a este país del
presidente del Gobierno español, y según las informaciones aparecidas
en la prensa, no se ha tratado con la relevancia que merecen las
preocupaciones sobre la continuada crisis de derechos humanos a la que
se enfrenta Colombia desde hace décadas.

Para Amnistía Internacional se trata de una ocasión perdida de
desarrollar una política exterior comprometida con los derechos
humanos.

La organización considera que el Gobierno español debería desarrollar
un papel mucho más relevante y comprometido con la defensa de los
derechos humanos, exigiendo al Gobierno colombiano que ponga en marcha
las recomendaciones de Naciones Unidas y no respaldando las políticas
del Gobierno colombiano contrarias a esas mismas recomendaciones.

En opinión de Amnistía Internacional, el Gobierno español ignora en
sus relaciones con Colombia la sistemática violación de los derechos
humanos y del derecho internacional humanitario por parte de todas las
partes armadas en el conflicto colombiano, esto es, la fuerza pública
colombiana, los grupos paramilitares respaldados por el Ejército y los
grupos armados de oposición. Aunque en los últimos años algunos
indicadores de la violencia política han descendido, como el secuestro
y los homicidios, la situación de los derechos humanos en Colombia se
mantiene muy crítica , afectando con especial rigor a la población
civil.

Los civiles continúan sufriendo de manera desproporcionada el
conflicto armado, mientras que algunas de las políticas del Gobierno
colombiano empujan aún más a los civiles dentro del conflicto, como la
creación de un ejército de soldados campesinos o el establecimiento de
una red de informantes civiles. Mujeres y niñas han sido violadas,
asesinadas, "desaparecidas" y mutiladas a manos de todas las partes en
conflicto, con el fin de aterrorizar a la población civil o por
venganza entre los actores armados. Al mismo tiempo, los defensores de
los derechos humanos y los activistas sociales siguen siendo
perseguidos, amenazados y, en ocasiones, asesinados.

Prueba de ello es la reciente masacre ocurrida en la Comunidad de Paz
de San José de Apartadó. En febrero de 2005, ocho miembros de la
comunidad, incluidos mujeres y niños de corta edad, murieron a manos
de hombres armados que, según los informes, se identificaron como
miembros del ejército colombiano.


Amnistía Internacional considera que el cumplimiento de las
recomendaciones de Naciones Unidas sigue siendo la condición
imprescindible para que se produzcan avances en la protección y el
respeto de los derechos humanos en Colombia, y por tanto para mantener
la asistencia internacional a ese país. En este sentido, el Gobierno
español debe tener en consideración la proposición No de Ley aprobada
en el Congreso de los Diputados en junio de 2004, promovida por el
Partido Socialista, en la que se le insta, entre otras cuestiones, a
comprometer al Gobierno colombiano en el cumplimiento de las 27
recomendaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos.